Dicha decisión se había pospuesto por un consenso generalizado en la organización para centrar la actividad de Izquierda Unida de Castilla y León en los problemas más cruciales de la ciudadanía así como en fortalecer a la izquierda y a quienes se han movilizado en favor de la Huelga General. “Nuestra agenda está con los ciudadanos y por lo tanto con las gentes de izquierdas. Hasta ahora no tocaba hablar de candidaturas sino de estar codo con codo junto a la gente” señalaba José María González tras el Consejo Político IU.

En la reunión del máximo órgano de reunión de IU CyL se aprobo el guión que habrá de dinamizar la elaboración colectiva del programa electoral. “Para nosotros el programa no sólo es un instrumento político o un contrato con la ciudadanía. Lo que dice nuestro programa y cómo se elabora el mismo, constituyen nuestra seña de identidad, nuestra carta de presentación y creemos que es lo que aporta a nuestra organización honestidad, seriedad, y un carácter verdaderamente alternativo“.

Izquierda Unida abordará ahora una intensa actividad para hacer llegar sus propuestas a asambleas, colectivos y militantes de la izquierda, que habrá de concretarse en Enero, en una Convención Programática que aprobará el programa electoral. Se abordarán también encuentros transversales como la Conferencia de Juventud de IU CyL o el Encuentro de Ecología de Castilla y León.

Finalmente, el Consejo Político de Izquierda Unida ha aprobado una resolución sobre el Proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, en la que se aportan diez argumentos para rechazar la aprobación de la futura Ley tal y como se ha presentado. “Queremos que se garantice por Ley el derecho de castellanos y leoneses a tener un servicios sociales públicos y la actual redacción del proyecto está muy alejada de este objetivo”, señalan desde Izquierda Unida.

“Esta tasa es un ejemplo más de la voluntad de la Junta por crear diferencias sociales dentro de la Escuela pública que no son aceptables bajo ningún concepto, afirmó González.

“La rebautizada Estrategia Red de Escuelas Digitales de Castilla y León Siglo XXI, llega con retraso y con una puesta en marcha chapucera de cara al próximo curso escolar, ya que sólo la mitad de los 19000 alumnos afectados (5º y 6º de Primaria, 1º y 2º de Eso) tendrán acceso al ordenador al inicio del curso 2010-2011, y el resto deberá esperar unos meses. El copago significa trasladar a los padres la responsabilidad, el mantenimiento y los costes de la conexión a Internet de los equipos informáticos. En medio de una dura depresión económica, con una tasa de paro laboral dramática y un recorte de salarios que ya deja sentir sus efectos, esta fórmula elegida por la Consejería discrimina claramente a los alumnos con familias sin medios económicos”. González añadió que, “con esta fórmula se cierra el derecho de acceso al uso de una herramienta que ya es fundamental en las aulas a la parte más desfavorecida de la sociedad castellano y leonesa y se rompe el principio constitucional del derecho a la educación”.

González recordó que “en un Estado social de derecho, todas las aulas de 5º y 6º de Primaria, así como 1º y 2º de ESO deben dotarse por la Junta de Castilla y León de los equipos informáticos de igual manera que se dotan de otro material didáctico necesario para la plena educación del alumno, sin necesidad de que los padres paguen una cuota extra. Como todos los materiales didácticos, los ordenadores  han de ser vigilados y conservados en buen estado bajo la supervisión del profesorado, terminó José María González, pero en ningún caso podemos admitir que se rompa el principio de derecho universal a la educación ni que se introduzcan medidas clasistas diferenciadoras en la Escuela Pública”